"Policías malandros".

El lamentable hecho ocurrido el pasado fin de semana, en el que la joven hija del Cónsul de Chile en la ciudad de Maracaibo perdió la vida en una supuesta alcabala, a manos de un irresponsable grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), me produce una tristeza infinita. No conocí a Karen Berendique (que tenía la misma edad que yo), pero aún así, una sensación de gran pesadumbre me dominó cuando supe de la noticia; es imperdonable que una vida humana sea arrebatada de esa manera por culpa de la inmoralidad que reina en el país, y más aún tratándose de alguien que tenía mucho por vivir.

Ya a nadie le sorprende como la violencia reina en Venezuela, como las armas abundan entre la población civil, ni como quienes portan armas  -sean personas civiles, agentes de seguridad, o militares- se creen todopoderosos. Tampoco resulta sorprendente en este afligido país que los órganos policiales sean corruptos por naturaleza, extorsionadores de profesión, y cómplices de la delincuencia; los venezolanos lamentablemente nos acostumbramos a esta situación. Sin embargo, que los funcionarios de un órgano del Estado venezolano creado para servir de auxiliar al sistema de justicia en las investigaciones penales, como lo es el CICPC, se conviertan en perpetradores del peor de los delitos, representa llegar a un nuevo nivel de descomposición nacional.

El asesinato de Karen Berendique no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una cadena de actos ilícitos llevados a cabo en el seno de los organismos que supuestamente deberían brindar seguridad ciudadana, actos que generalmente pasan desapercibidos por ser cometidos contra habitantes de los barrios pobres, y que lamentablemente sólo con la muerte de una persona de un perfil un poco mayor salen a la luz. El asesinato de Karen refleja, además, el grado de mediocridad generalizada existente en dichos organismos. Así pues, es preocupante que los elementos que integran los cuerpos de policía estén caracterizados por su escasa formación académica, su bajo nivel de entrenamiento para el desempeño de sus funciones, y su nula educación en valores humanos y ciudadanos. Toda mala práctica policial es consecuencia clara de estos atributos que poseen nuestros agentes de “seguridad”.

Es obligación del Estado venezolano garantizar a la población un sistema de seguridad policial de calidad, y claramente no lo está haciendo. Para ello, sería necesario que la administración pública en sus distintos niveles fuera más selectiva en cuanto a los ingresos de individuos a las academias policiales y garantizará un programa de formación y preparación integral a sus futuros agentes. Asimismo, y sobre todas las cosas, es imperante que los gobiernos -nacional, estadales y municipales- se aboquen a realizar un proceso de depuración de la totalidad de órganos de seguridad que controlan, deshaciéndose de los funcionarios incompetentes e indeseables; y que el Poder Judicial no permita que los “policías malandros” queden impunes  de sus faltas y delitos.

Quiero terminar esta reflexión extendiendo mi sentido pésame a la familia de Karen Berendique, y rogando al Estado venezolano que actúe y no convierta éste en otro caso de impunidad descarada, sino que haga caer todo el peso de la ley sobre los asesinos que cometieron esta aberración; por la memoria de ella, y de todos los venezolanos caídos, y por el bien de todos quienes vivimos en constante peligro.

José Alberto Vargas La Roche.