Un mal chiste.

La elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas es una aberración y un mal chiste. Venezuela es un Estado que incumple los propósitos y principios de la ONU, cuyo gobierno tiene una retórica agresiva y conflictiva, que apoya a los principales desestabilizadores de la paz internacional (grupos terroristas como las FARC, ETA y Hamás, dictaduras como Cuba y China, países con programas nucleares potencialmente militares como Corea del Norte e Irán), que entra en conflicto con todo país que mantenga una posición política distinta a la suya, que rompe relaciones diplomáticas con una ligereza pasmosa, que tiene intenciones de hegemonía continental, que genera teorías conspirativas absurdas para quedar como el loco del mundo, que notoriamente menoscaba los derechos humanos y libertades de su población, que discrimina a gran parte de sus habitantes por razón de opinión política y origen social, que ni siquiera puede mantener la paz y seguridad dentro de sus propias fronteras -menos aún podrá mantenerlas en el mundo-. Por lo tanto, elegirlo como uno de los responsables de la paz y la seguridad internacionales es una irresponsabilidad de proporciones mayúsculas de la abrumadora mayoría de los Estados miembros de la ONU que en Asamblea General decidieron hacerlo, y un acto hasta risible.

La intención de Venezuela de pertenecer al Consejo de Seguridad tiene un carácter meramente simbólico, el Estado venezolano simplemente quiere hacer ver con el carácter que ahora ostenta que tiene "poder", que es una "potencia" política global, que su gobierno es sólido y estable hasta el punto de que se le está confiando parcialmente salvaguardar la paz y la seguridad mundiales; cuando todos sabemos que en realidad Venezuela es lo contrario: es un país sin mayor influencia en las decisiones de importancia mundial, un personaje de tercera en el teatro global, que con dinero petrolero (que cada vez le entra en menores cantidades) compra la lealtad de una serie de países insignificantes para conformar una especie de grupo de renegados de la comunidad internacional predicadores de una forma de pensar y gobernar arcaica.

Venezuela no tendrá poder alguno dentro del Consejo de Seguridad, porque todo proyecto o borrador de resolución que intente aprobar, y cuyo contenido represente una amenaza para la paz o que plantee beneficios para su patota de dictaduras y países nucleares aliados, será vetado inmediatamente y sin contemplaciones por alguno de sus "no tan amigos" de los miembros permanentes: bien Estados Unidos, Reino Unido o hasta Francia. Venezuela no podrá adoptar medidas coercitivas a otros países, ni podrá disponer de los ejércitos de algún Estado miembro, valiéndose del Consejo, porque su poder real en él es nulo.


Todo se trata de un juego de proyección internacional, más nada. Este gobierno no puede engañar a nadie, por mucho que se encuentre en un órgano tan importante, es igual de débil e ineficiente que siempre, y cada vez lo será más.

José Alberto Vargas La Roche.

El nuevo CNE.

3 rectores principales y 6 suplentes del monstruoso y grotesco apéndice del gobierno al que llamamos Consejo Nacional Electoral (CNE), tienen sus períodos vencidos. La renovación de esos cargos que le corresponde hacer a la Asamblea Nacional (AN) es probablemente uno de los acontecimientos políticos de mayor relevancia en este año, ya que del nombramiento de rectores imparciales y el consecuente equilibrio de fuerzas que por ello se lograría en el máximo órgano electoral -lo que permitiría que la ciudadanía recuperase su confianza en este árbitro-, depende el rescate y la viabilidad de la opción electoral para salir de esta dictadura; mientras que gran parte de la supervivencia de ésta pasa por lograr ratificar el carácter chavista de los rectores. Ante esta vital decisión que tomará la AN, la sociedad civil y la propia oposición se han mostrado muy tranquilas y poco firmes, y en el caso de esta última, hasta entreguista.

Básicamente esto es lo que ha pasado en ese proceso de designación, y lo que claramente pasará, dado el control total que ejerce el chavismo sobre el Estado venezolano:

1-. El Comité de Postulaciones Electorales, encargado de recibir éstas y preparar la lista de los candidatos elegibles a rectores del CNE, está conformado por 11 diputados y 10 representantes de la sociedad. De los diputados 6 son chavistas y 5 opositores; mientras que los 10 representantes de la sociedad ya fueron designados por la AN, 6 de los cuales son chavistas (esto con la cómplice anuencia de la bancada opositora), lo que viola los principios de despartidización e imparcialidad de los órganos electorales (artículo 294 de la Constitución).

2-. El Comité va a recibir las postulaciones a rectores del CNE, y gracias a su mayoría chavista, va a poder presentar a la AN listas de elegibles predominantemente chavistas.

3-. En la AN, al no tener ni chavismo ni oposición mayoría calificada, no se logrará el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados, necesarios para designar a los rectores del CNE que corresponden (arts. 296 de la Constitución, 2do aparte, y 8 Ley Orgánica del Poder Electoral), por lo que el proceso de designación quedará trancado, permitiendo así que...

4-. ...algún loco comprometido con el proceso revolucionario introduzca ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa de la AN con respecto a su obligación constitucional de elegir a los rectores del CNE (art. 336, ordinal 7mo de la Constitución y 25, ordinal 7mo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), permitiéndole entonces al TSJ establecer los lineamientos o las medidas para la corrección de la omisión de la AN, lo que en la realidad se traducirá en que el TSJ, también controlado completamente por el oficialismo, se extralimitará de sus atribuciones y designará por su cuenta a los rectores del CNE, usurpando así las funciones de la AN, como ya hizo en el año 2003, asegurándose por supuesto de colocar en esos cargos a camaradas rodilla en tierra con la revolución.

Como pueden darse cuenta, no hay manera efectiva de que se logre recomponer adecuadamente el máximo órgano electoral, para garantizar la transparencia de los procesos electorales y la desvinculación partidista de sus rectores. El chavismo lo tiene todo controlado. Aún así, ¿todavía creen factible rescatar al país de este desastre ganando las elecciones parlamentarias de 2015, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, o realizando un referendo revocatorio en 2016? Quienes crean que sí, o viven en un sueño o se están prestando al juego de la dictadura. Con un árbitro corrompido y sin opción de purificarlo, no hay forma de ganar más diputados a la AN, ni más diputados constituyentes, ni de revocarle el mandato a Maduro, pero sí hay muchas posibilidades de que el oficialismo retome el control total de la AN o produzca una nueva Constitución enteramente socialista.

El que tenga ojos que vea: la vía electoral está muerta, a menos que la oposición tenga suficientes guáramo y voluntad política para prestarle más atención al proceso de designación de los rectores, para no pactar con el gobierno, y evitar, de alguna forma, la catástrofe.


José Alberto Vargas La Roche.

En defensa de Israel y en contra del nuevo antisemitismo.

Uno de los temas que más atención acapara en las últimas semanas es el nuevo capítulo del conflicto palestino-israelí que está en desarrollo. Mucho se ha escrito al respecto, y no pretendo justo ahora hacer un análisis general y profundo de este viejo conflicto en toda su dimensión, lo cual amerita un estudio histórico importante que escapa del objetivo de este artículo. Eso lo dejaremos para después, por ahora, tratemos de limitarnos a lo que está ocurriendo. Mi intención es aclarar una serie de aspectos que la mayoría de las personas en Venezuela y muchos otros países parecen tener confundidos. Como descendiente de judíos tengo el deber moral de hacerlo, y sobre todo, para honrar la verdad, que tanto ha sido manipulada en este tema.

La magnificación mediática que se hace a nivel internacional de las operaciones militares israelíes en la franja de Gaza, dándoseles mayor cobertura y un tratamiento mucho más crítico que a otros conflictos de igual o mayor gravedad, y realizándose juicios de valor negativos y anticipados sin contar con suficientes pruebas que permitan realizarlos, tiene la clara intención de brindar una mala imagen del Estado de Israel y su gente en general, más allá de las acciones específicas de su gobierno, por lo que ello no es otra cosa que una nueva manifestación de antisemitismo. Más sofisticada y menos directa que las de nazis, neo-nazis y supremacistas blancos, pero igual de lamentable que aquellas.

El antisemitismo ha existido desde la antigüedad, desde la primera vez en que potencias extranjeras entraron en contacto con las poblaciones tribales de antiguos hebreos asentadas en esa tierra que tantos nombres ha recibido: Canaán, Israel, Judea, y el lamentable y artificial nombre que los romanos le colocaron y que tantas confusiones ha generado: Palestina. Las razones del antisemitismo pueden ser muy variadas, dependiendo del lugar y del momento, pero yo me inclino a pensar que en términos generales este fenómeno se debe, al igual que cualquier otro tipo de intolerancia étnica y religiosa, al miedo a lo distinto, y específicamente en el caso de los judíos, al miedo de muchas culturas a sentirse inferiores a un pueblo que a pesar de no ser masivo, se caracteriza por su adaptabilidad, resiliencia, y por destacarse en todos los ámbitos en los que se desenvuelve, teniéndose a sí mismo como único parámetro de superación. Así entonces, las constantes críticas destructivas a Israel de medios de comunicación y de las personas que éstos convencen, son un modo de antisemitismo donde el odio a un pueblo se disfraza de odio a un Estado.

Más allá incluso de este antisemitismo, el empeño que específicamente el gobierno de Venezuela y sus seguidores -que se limitan a repetir lo que se les dice, sin conocer- le han dado a atacar verbalmente a Israel, halla sus razones en una mera estrategia de afianzamiento del resentimiento en la población patria, que pretende buscar en ese conflicto en lugares lejanos, simbolismos anti-norteamericanos (lo que equivale a anti-capitalismo y consecuentemente a anti-oposición venezolana) que les permitan crear símiles donde Israel representa al imperialismo occidental pitiyanqui que debe ser destruido, y Palestina representa a la pobre y golpeada Venezuela que eventualmente emergerá triunfante de la lucha contra el mal, imponiendo la revolución y el socialismo. Esta sucia estrategia de adoctrinamiento del gobierno no tiene otra consecuencia que el incremento y afianzamiento de la intolerancia hacia los judíos en buena parte de la población venezolana, independientemente de su postura política, que se hace eco de cualquier información, por tergiversada que esté, lo que ha llevado a que en los últimos años hayan ocurrido en nuestro país muchas y lamentables demostraciones públicas de antisemitismo¹.

Dentro de este marco de predisposición al odio visceral hacia el pueblo judío, muchos hechos son descontextualizados u omitidos. Quiero referirme a los más significativos de los que se relacionan con la situación en curso. En primer lugar, tenemos una confusión presente en la gente en relación con las partes del conflicto. Se tiende erradamente a creer que esto es un problema entre Israel y Palestina -bien la consideres a ésta como el parcialmente reconocido Estado de Palestina o como la población árabe palestina-, donde Israel arbitrariamente ataca a los civiles, siendo Palestina la pobre y mansa víctima y aquel, el agresor y monstruo. Eso es una total falacia; la realidad es que este es un conflicto específico entre Israel y Hamás.

Si no sabes qué es Hamás, te daré una breve sinopsis sobre su identidad, objetivos y acciones. Ésta es la organización que gobierna la Franja de Gaza, y que como su propia carta fundacional indica², pretende la implantación de un Estado musulmán que sustituya por completo a Israel, aspira la muerte de todo judío, considera una pérdida de tiempo, esfuerzo vano y además una contradicción a sus principios cualquier iniciativa, solución pacífica y conferencia internacional, tiene a la yihad (‘’guerra santa’’) como única forma de acción, considera que sólo bajo el dominio del islam puede prosperar la paz y la ‘’libertad’’ religiosa, y usa documentos falsos y claramente antisemitas (como los ‘’Protocolos de los sabios de Sión’’) como justificación para creer en la existencia de un plan de los judíos para dominar el mundo (Preámbulo y artículos 11, 7, 13, 31 y 32 de la carta fundacional de Hamás, respectivamente)³.

Para lograr sus objetivos, Hamás precisamente acude a los medios usuales de la yihad, siendo éstos: cometer atentados y agresiones contra el territorio y la población israelí y difundir un mensaje de odio y antisemitismo. Se trata pues, como resulta más que obvio, de un grupo terrorista -demostrado por sus actos y reconocido como tal por Estados Unidos 4, la Unión Europea y otros países-, islamista radical y de convicciones absurdas y hasta paranoicas.

Otro de los aspectos a los que me quiero referir es al ámbito espacial del conflicto. Muchas personas creen que éste se desarrolla únicamente en la Franja de Gaza, por los ataques aéreos y el posterior despliegue terrestre ejecutados por las fuerzas de defensa israelíes, pero ese no es el caso. Si bien es cierto que en territorio palestino es donde se desarrollan la mayor parte de los enfrentamientos armados, lo cierto es que el problema trasciende a Gaza y se incursiona en el territorio israelí, el cual es en su totalidad -dada su reducida extensión- escenario de ataques de Hamás con misiles 5, y, específicamente en las zonas adyacentes a la frontera con la Franja, de incursiones de esta banda de criminales en poblaciones israelíes a través de una red de túneles construida desde Gaza y con salidas en Israel6, con la intención de causar destrucción, secuestrar y asesinar a civiles; todo lo cual mantiene en constante tensión y peligro a la población israelí, judíos, musulmanes y cristianos por igual. Lo dijo el propio vocero de Hamás, Sami Abu Zuhri, ‘’todos los israelíes ahora se han convertido en blancos legítimos’’7.

Y esto me lleva a otro punto que quiero aclarar, que no es otro que las motivaciones de Israel para poner en marcha la ‘’operación margen protector’’, que son precisamente las de defender la integridad de su población y su infraestructura de los ataques de Hamás, ya que a pesar de que algunos digan que este grupo no tiene la capacidad de destruir Israel o que las armas con que bombardea su territorio son proyectiles caseros, éstas al fin y al cabo representan verdaderas preocupaciones para la seguridad nacional israelí, y más allá de que afortunadamente muy pocas vidas israelíes hayan sido cobradas por estos ataques gracias a la previsión defensiva del Estado reflejada en el famoso sistema anti-aéreo ‘’cúpula de hierro’’, Israel consideró oportuno detener de una vez por todas la oleada de ataques de misiles y desarticular el sistema de túneles militares de Hamás, lo que sólo puede llevarse a cabo efectivamente con la implementación de una operación como la que está en desarrollo.

Otra información cuya total alteración y abstracción de su contexto me tiene muy preocupado, teniendo en cuenta sobre todo su amplia difusión y aceptación entre la gente cegada por la ignorancia y el odio, es la supuesta matanza indiscriminada de la población civil de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, usando algunas osadas e irresponsables personas el término genocidio para referirse a ello. Esta concepción equivocada de la situación se debe en parte a la creencia, a la que ya me referí anteriormente, de que este es un conflicto entre Israel y Palestina, y no entre Israel y Hamás, como realmente lo es. No voy a negar que en Gaza están muriendo civiles, y muchos. Esa es una realidad ineludible y certificada en sus números por distintos organismos internacionales. Pero por lamentables que sean las muertes de personas inocentes, tampoco puedo aceptar que se pretenda achacar la responsabilidad de las muertes a una supuesta estrategia israelí de aniquilación deliberada y sistemática de la población palestina, como muchos afirman, porque sencillamente eso es falso.

Las bajas de civiles en el transcurso de este problema en Medio Oriente son consecuencias colaterales y no deseadas de la guerra. En los conflictos bélicos siempre mueren civiles, y hasta que no se desarrollen tecnologías lo suficientemente avanzadas como para evitar esa situación, esto seguirá ocurriendo; es algo desagradable, pero es la verdad. Y en un pedazo de tierra tan pequeño como el de Gaza, resulta aún más difícil que no mueran civiles en cantidades tristemente elevadas.

Más aún, esta lamentable circunstancia se puede ver considerablemente multiplicada si tenemos en cuenta las graves acusaciones existentes de que los milicianos terroristas de Hamás utilizan espacios residenciales y civiles para tratar de esconderse de los ataques israelíes y como depósitos de armas e insumos militares (esto último comprobado por la propia ONU, que hace unos días descubrió cohetes de Hamás escondidos en una de sus escuelas)8, exponiendo así a la población a un peligro tremendo con la intención de desalentar a las fuerzas de defensa israelíes de actuar. Esta infame práctica es conocida como el uso de escudos humanos, y está expresamente prohibida por el derecho internacional humanitario (artículos 28 del IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 1949, y 51 ordinal séptimo del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 1977)9.

Resulta entonces una acusación ignominiosa y una seria calumnia al Estado de Israel que se le acuse de cometer genocidio, teniendo en consideración que, si bien vidas humanas han sido cobradas por sus operaciones bélicas, estos actos son fatalidades no deseadas, que escapan del objetivo militar de desarticular el entramado de ataque de Hamás, y no son ‘’ (…) perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal (…) ’’, lo que sería la condición esencial para que se les pudiera catalogar como genocidio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define ese crimen10.

Termino estas consideraciones haciendo un llamamiento a la gente, conocida y desconocida, a cesar la verborrea llena de odio contra Israel, excesiva y que conduce inevitablemente al antisemitismo, a que no se dejen llevar por la manipulación mediática de las tendenciosas cadenas informativas  y los gobiernos retrógrados de gran parte de Latinoamérica y el mundo islámico, y que critiquen constructivamente, no con la intención de destruir.

También manifiesto mi aspiración de que este largo conflicto palestino-israelí culmine de una vez por todas con una solución bi-estatal, en la que el Estado de Israel reconozca los territorios palestinos y el Estado de Palestina reconozca el derecho  a existir del Estado judío y sus correspondientes territorios; en la que Palestina acepte que los judíos que viven en asentamientos en sus territorios permanezcan allí en paz, siguiendo el ejemplo de Israel, que ha respetado los derechos de sus propios ciudadanos árabes;  donde ambos Estados realicen un esfuerzo mancomunado para la completa aniquilación de cualquier grupo terrorista y extremista de ambos lados, y no que las autoridades palestinas continúen aupando a los grupos armados islamistas como han venido haciendo hasta ahora; donde Jerusalén sea una ciudad de paz y de soberanía compartida, capital de ambos Estados y administrada por autoridades de las dos naciones; y donde se propenda a la desmilitarización definitiva de la región y a la construcción de la armonía en esa tierra de larga y gran historia.

José Alberto Vargas La Roche.











1 razón por la que este no es el momento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El pasado diciembre publiqué 2 artículos en los que afirmaba mi convicción de que sólo una Asamblea Nacional Constituyente sería capaz de abrirle paso a una nueva etapa histórica en Venezuela y que ésta representa nuestra última esperanza de cambio dentro del marco de la institucionalidad (a quienes no conozcan las publicaciones a las que me refiero, o que no recuerden bien su contenido, les recomiendo que las lean antes de continuar con ésta. Les dejo los vínculos a ellas; El sexto gran período: http://www.reflexionesjav.blogspot.com/2013/12/el-sexto-gran-periodo.html ; 10 razones por las que nos conviene convocar una Asamblea Nacional Constituyente: http://www.reflexionesjav.blogspot.com/2013/12/10-razones-por-las-que-nos-conviene_20.html). No he cambiado mi opinión sobre la Constituyente del todo, pero sí tengo una visión distinta sobre su pertinencia actual y sobre el modo en que debemos usarla.

 

Sigo creyendo que la convocatoria del Poder Constituyente es la única forma de reestructurar el Estado, eliminando su vigente entramado organizativo que está predispuesto para la autocracia y que no cuenta con mecanismos de defensa efectivos contra la corrupción y las malas prácticas administrativas, legislativas y judiciales; sigo pensando que es la única forma de extirpar el cáncer que le chupa la vida a nuestra República y que ya mató a nuestra democracia, de depurar el aparato estatal, sobre todo en sus altas esferas, de tantas bestias y alimañas que lo degradan, y de una vez por todas recuperar la democracia perdida en Venezuela. Pero tomando en cuenta precisamente todo esto, también considero que este no es el momento de convocar a esa fuerza transformadora. La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo para darle una nueva cara al Estado, dentro de un marco de institucionalidad preexistente y vigente, aunque probablemente agotado; es decir, que para que ella pueda actuar sin vicios y amenazas, debe existir un mínimo de institucionalidad aún en pie, lo que no es el caso que vivimos, donde las últimas gotas de ésta se evaporaron en el desierto.

 

Esa, nuestra última vía y esperanza institucional de cambio no es factible hoy en día, ya que en los pasados meses quedó demostrado más que nunca que no hay posibilidades de cambio político apegadas al ordenamiento legal que sirvan en un país donde sus habitantes no pueden siquiera protestar en paz, y donde las fuerzas de seguridad son descarados apéndices de un proyecto político, de una dinastía que se niega a morir y que, mediante ellas, está dispuesta a hacer lo que sea para mantenerse en el trono, cueste las vidas que cueste. Toda salida al régimen totalitario del chavismo pasa por las vías de hecho. Por eso, es necesario salir primero del gobierno que controla todas las ramas del poder público, mediante mecanismos alternos, para después poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente que purifique y modifique al poder público en pleno con calma y con la certeza de que se cuenta para ello con un árbitro electoral de transición confiable.

 

Entonces, la razón por la que este no es el momento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente -a pesar de que sea necesaria-: Única: La falta de institucionalidad del país, lo que se traduce específicamente para este caso en que contamos con un poder electoral ilegítimo y parcializado hacia el gobierno.

 

¿A qué me refiero con esto? Pues, a que 3 de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral -Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz-, y sus respectivos suplentes, tienen su período constitucional vencido desde hace más de un año (finales de abril de 2013), y siguen ejerciendo sus funciones ante la deliberada negligencia y tardanza de la Asamblea Nacional al no designar a sus sucesores en los cargos, y ante la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia que, basándose en una mala aplicación del principio de continuidad administrativa -que realmente sólo opera para evitar la interrupción en la prestación de servicios públicos esenciales, lo que los procesos electorales evidentemente no son- autorizó a esos rectores del CNE a continuar en ejercicio de sus funciones hasta tanto a la Asamblea le diera la gana de nombrar unos nuevos, lo cual el Tribunal Supremo ni siquiera instó al máximo órgano legislativo nacional a hacer (Link a la sentencia en cuestión: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/165270-623-5614-2014-13-0592.HTML). Cabe destacar que 2 de esos 3 rectores electorales son pública y notoriamente afectos al oficialismo. Muy conveniente, ¿no?

 

También me refiero a que las otras 2 rectoras principales del CNE -Socorro Hernández y Tania D’ Amelio- tienen sus designaciones, y consecuentemente el ejercicio de sus cargos, viciados de nulidad, nada más y nada menos que por haber pertenecido a las filas del partido de gobierno al momento de su postulación al máximo árbitro electoral -incumpliendo así con la cualidad apartidista que el encabezamiento del artículo 296 constitucional exige a los rectores electorales y que el artículo 9, ordinal cuarto de la Ley Orgánica del Poder Electoral contempla como uno de los requisitos de elegibilidad de éstos-.

 

¿Cómo se puede pretender entonces realizar un proceso constituyente, cuando la transparencia de los 2 comicios que se deben celebrar durante su transcurso -aquel en que se eligen los diputados constituyentes y aquel en que se aprueba la Constitución redactada-, y de aquel otro que no pertenece a este proceso pero que es subsecuente al mismo -el que decide los nuevos funcionarios de elección popular de los nuevos poderes constituidos-, está en duda incluso antes de su inicio? Es cuestión de lógica darse cuenta de la falta de conveniencia actual de tal convocatoria.

 

Otra cosa que en los pasados meses quedó demostrada más que nunca es que una población despierta y consciente puede representar una salida a esta pesadilla de gobierno. Hay que ser insensato para no reconocer que las protestas masivas de estudiantes y sociedad organizada iniciadas el pasado mes de febrero han hecho tambalear al régimen más que ninguna elección celebrada en la última década y media. Por lo tanto, ese es el camino directo e inmediato, debiendo aceptar de una vez por todas que el real objetivo de cualquier acción de protesta es el cambio de gobierno, y no escudarnos en fines menores y coyunturales.

 

Pero no hay que asustarse, pensar en las vías de hecho y sobre todo, usarlas, no es ni malo ni delictivo, ni mucho menos golpista (no somos militares ni mercenarios que puedan planear golpes de Estado), sino todo lo contrario, usarlas es un derecho y un deber constitucional, lo que se refleja en los artículos 333 y 350 de la Carta Magna, que dan a todo ciudadano el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de ella en caso de inobservancia por actos de fuerza o derogación arbitraria, y el derecho de desobediencia civil, respectivamente, y es además, una manifestación clara del ejercicio directo de la democracia, al tomar los ciudadanos las riendas del Estado en una situación de anormalidad y restablecer el orden político mediante mecanismos alternativos a los electorales. En mis ‘’10 razones por las que nos conviene convocar una Asamblea Nacional Constituyente’’ enumere como la segunda que la Constituyente ‘’es la única vía (pseudo)democrática que nos queda’’, afirmando que ‘’ (…) cualquier otra forma de salida se daría al margen de lo constitucional y legal, y probablemente con el uso de la violencia’’; nada más alejado de la realidad. Es cierto que cualquier otra forma de salida se daría al margen de lo legal, pero como deben haberse dado cuenta, jamás de lo constitucional.

 


José Alberto Vargas La Roche.

Maracaibo verde.



El título de esta publicación podría sugerir que escribiré sobre algún movimiento ecologista, o tal vez de algo relacionado con la moda de lo orgánico; pero no, en estas líneas no les pediré que desechen el desodorante y anden por la calle orgullosos con el tufo de sus sobacos, ni que se bañen cada 2 días o que sus duchas duren minuto y medio para ahorrar agua, ni mucho menos que apaguen sus aires acondicionados y ventiladores o que eleven sus temperaturas para  no consumir tanta energía eléctrica, no; el título de esta publicación es bastante literal, y se refiere a una de mis mayores aspiraciones para esta ciudad: hacer de ella un pulmón vegetal que conviva con el carácter urbanizado, que eleve su calidad estética y que ayude a mitigar el característico calor marabino.

Todos sabemos que vivimos en un infierno, casi a la par del imaginado por Dante y por tanta literatura y cine. Un infierno que lo es no sólo por la implacable y creciente delincuencia, y por la perpetua y generalizada hostilidad y amargura del maracaibero en el día a día, sino también por el terrible y agobiante calor que sufrimos en nuestra querida Maracaibo. Repito, sufrimos. Y es que no hay mejor palabra para describir lo que experimentamos con el calor: sufrimiento.

Maracaibo es una ciudad plana, semiárida, de altas temperaturas, elevada humedad del aire, pocas precipitaciones e intensa radiación solar. La temperatura media de Maracaibo oscilaba, para el período 1970-1998, entre 27,7 y 29,6 °C, (Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Nota: gracias INAMEH por tener los datos que ofreces al usuario desactualizados por 16 años), y quien revise habitualmente la temperatura se habrá dado cuenta que esa media ha aumentado en los últimos años. Además, esta temperatura, por sí misma bastante elevada, se une a otros factores o condiciones ambientales como la humedad relativa, que en el mismo período de tiempo osciló entre 68,0% y 75,0%², las radiaciones ultravioletas -que según el índice que las categoriza, en Maracaibo pueden llegar a ser extremas- (Fuente: The Weather Channel³), y la velocidad del viento, para generar sensaciones térmicas elevadísimas, que en los últimos años han llegado a ser de hasta 50 °C.

Vemos entonces que no en vano el calor y el sol de Maracaibo han sido la inspiración de refranes (el catire está arrecho), canciones (la famosa gaita que es una oda al estoicismo del maracucho para aguantar el calor) y por supuesto, el más conocido mote de nuestra ciudad: la tierra del sol amada. Tal vez germanos, escandinavos y anglosajones estarían encantados de pasar las vacaciones invernales en una piscina en Maracaibo, para escapar del fuerte frío que se vive por esas latitudes, pero lo cierto es que para el marabino la cosa no es tan bonita; jamás se podrá acostumbrar del todo al calor, por mucho que pase una vida en esta ciudad, y es que somos humanos al fin y al cabo, y tener que soportar este clima los 365 días del año no es tarea fácil, tarea que se pone aún más cuesta arriba al considerar que mientras el calentamiento global hace de las suyas y va poco a poco calentando más la ciudad, ni el gobierno ni el sector privado trabajan para mejorar las condiciones de vida del ciudadano ante las dificultades térmicas, sino que por el contrario parecen olvidar donde vivimos.

Esto se aprecia en las malas decisiones urbanísticas y de materiales que toman muchos arquitectos e ingenieros privados, y en la negligencia del gobierno municipal al no hacer zonificaciones efectivas y al otorgar permisos de construcción a obras que no cumplen con los requisitos ambientales exigidos. Así, por ejemplo, el largo trecho de altos edificios construidos en la avenida El Milagro bloquea parcialmente los vientos provenientes del Lago de Maracaibo, lo que claramente afecta la sensación térmica de la ciudad; y, por otra parte, las tablillas rojas de arcilla usadas para recubrir las fachadas de muchas edificaciones durante un período importante de la historia contemporánea de la ciudad, absorben el calor, en lugar de refrescar las edificaciones que protegen.

También podemos evidenciar el nivel de dejadez de los gobiernos municipal, estatal y nacional al verificar sus nulas políticas ambientales, específicamente en lo que respecta a la creación, expansión y mantenimiento de áreas verdes en la ciudad. La naturaleza semiárida de nuestra ciudad es propicia para el crecimiento natural de una vegetación xerófila, pero al ser un área tan poblada, este tipo de vegetación no es el idóneo para dar sombra, frescura y oxígeno suficientes para los millones de maracaiberos, por lo que se hace necesario la introducción por parte del hombre de otro tipo de especies de plantas: frondosas, altas, resistentes al calor, y de rápido crecimiento. A pesar de esta necesidad, Maracaibo es un desierto donde predominan el negro del asfalto, el gris del concreto, y el rojo de la tierra arcillosa de nuestra región, y no el verde de los árboles y la paleta cromática de las flores. La arborización con que cuenta nuestro Municipio ha sido llevada a cabo principalmente por los particulares, en muy pequeña escala y sin ningún criterio urbanístico, por lo que lo más común es ver a nuestros pocos árboles y arbustos en los patios de las casas y edificios y en las jardineras de las aceras frente a éstos.

Las áreas verdes gestionadas públicamente se limitan al parque Vereda del Lago -que cuenta con más caminos pavimentados con asfalto o concreto, locales comerciales y tierra sin sembrar, que grama, árboles y flores-, un puñado de pequeñas plazas y las islas de las calles y avenidas. A esta falta de espacios verdes se le suma el hecho de que los existentes, además de estar regidos por la improvisación, y tener una disposición discontinua y poco densa de las plantas sobre el terreno, carecen de un mantenimiento serio, por lo que no es inusual ver árboles muy pequeños, deformes, secos y muertos por falta de riego y demás cuidados correspondientes, mal podados, y demasiado aislados unos de otros, por lo que no proporcionan sombra y alivio alguno al calor.

Cabe destacar como otro factor negativo con respecto a la arborización de Maracaibo, que el ciudadano común no tiene respeto alguno por la flora municipal, al punto de que fue común ver, por ejemplo, como durante los meses de protesta de este 2014 se recurría con frecuencia y sin remordimiento a la destrucción de plantas para usarlas en el levantamiento de barricadas, y en casos aún peores, como algunos individuos incendiaban árboles por pura diversión (tuve la experiencia particular de tener un enfrentamiento serio con un grupo de hombres que habían prendido fuego a una palmera en la intersección de las avenidas 5 de julio y Bella Vista, al verme intentando apagar el fuego).

Es así pues, que Maracaibo está urgida de una política ambiental seria y efectiva, que realmente ayude a mitigar la terrible sensación térmica con que vivimos sus habitantes y que eleve la cantidad y calidad de áreas verdes para el esparcimiento y en los lugares de tránsito. Se necesita crear suficientes parques y plazas que se adecúen a las grandes dimensiones de nuestra urbe, así como se necesita una arborización extensiva de nuestras calles, avenidas y aceras, atendiendo todo a criterios urbanísticos de vanguardia, siendo diseñados por profesionales preparados en las áreas del paisajismo, el urbanismo y la botánica, contando con sistemas automatizados de riego y con mantenimiento efectuado por mano de obra capacitada.

También es más que conveniente que esta amplia labor propenda a diversificar las especies plantadas, procurando introducir aquellas que sean agradables a la vista, así como a poner énfasis en la siembra de plantas florales y ornamentales junto a las que tengan como objetivo únicamente proporcionar sombra, para que así nuestros espacios verdes no sólo cuenten con la practicidad que significa la búsqueda del control de la sensación térmica, sino también un elemento estético que sirva para darle vida y atractivo turístico a nuestra ciudad, e incluso para contribuir en la calma de los siempre caldeados ánimos del maracucho, al lograr romper la aburrida monotonía del negro, el gris y el rojo.

Concluyo entonces exigiendo a la Alcaldía del Municipio Maracaibo y a los gobiernos regional y nacional en su calidad de colaboradores - tomando en cuenta el exacerbado centralismo que impera en Venezuela-, que no se limiten a hacer de la arborización de la ciudad una cosa de simples y eventuales ‘’jornadas’’, marcadas por la improvisación y la falta de profesionalismo y seguimiento posterior, que sólo hacen como propaganda política, sino que se aboquen a elaborar políticas de altura para hacer una Maracaibo verde.

José Alberto Vargas La Roche.

Politización de lo militar y militarización de lo político.

Cada día estoy más convencido de que el principio fundamental a ser implementado para la existencia de un Estado de Derecho material, realmente efectivo, que trascienda la mera consagración legislativa de derechos, principios, garantías y obligaciones, es la separación e independencia de las ramas del poder público.  Esta es la columna vertebral, la piedra angular en que se sostiene el Estado de Derecho. Así como el respeto a los derechos humanos debe orientar la actuación del Estado, y la supremacía constitucional da coherencia al sistema jurídico venezolano, la existencia de organismos públicos independientes y autónomos es la única vía de realmente garantizar que en efecto los actos del Estado estén orientados por ese respeto a  los derechos humanos y que las disposiciones constitucionales siempre prevalezcan. Todo derecho y toda disposición constitucional es simple polvo sin que los ciudadanos cuenten con la seguridad y tranquilidad de saber que ninguna autoridad pública está enteramente sometida a otra, y que éstas pueden actuar conforme a Derecho sin presiones sobre sí.

Y qué graves problemas tiene un país cuando esa separación de poderes no existe en la realidad. Se supone que en nuestro genialmente diseñado Estado de Derecho eso no es un problema. Es más, para demostrar lo bien que funcionaría, decidimos ponerle dos ramas más al poder público. No sólo podemos manejar tres, sino que tenemos hasta cinco ramas, para que las funciones estatales estén más repartidas y cuenten con mayor autonomía. ¡Qué vergatarios somos!

Entonces, nuestro poder judicial se supone que debe ser un ejemplo a seguir, que como un paladín de autonomía debería barrer todo acto del ejecutivo y el legislativo que afecte la Constitución. Para lograr eso, la Carta Magna en su artículo 335 le dio al Tribunal Supremo de Justicia la cualidad de ‘’máximo y último intérprete de la Constitución’’, incluso dándole a las interpretaciones de su Sala Constitucional el carácter de vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

Pero resulta que no tenemos mecanismos que permitan garantizar la autonomía e independencia de las distintas autoridades del poder público, y al no tenerlos, y como era de esperarse en un país subdesarrollado como el nuestro -sin cultura de institucionalidad y respeto a las normas, y con una enorme y arraigada cultura de caudillos y mandamases -, el Estado de Derecho se fue por la cañería (con el permiso del difunto George Carlin, quien me preguntaría, ¿qué cañería?), por lo que quince años después de gestar esa hermosa Constitución con esos hermosos principios, los que la idearon todavía nos gobiernan y tienen un poder absoluto e ilimitado sobre todo el país.

Y de paso, no sólo no se previó (o mejor dicho, no se quiso prever) la posibilidad de que el colapso del Estado de Derecho ocurriera, sino que nos encargamos de crear una Súper-sala Constitucional con amplísimas facultades, que en el caso de perder su autonomía -como en efecto la perdió- caería -como en efecto cayó- en las manos de un poder ejecutivo que ahora es un Leviatán que puede hacer lo que le dé la gana, porque no sólo dicta sus actos sino que también los controla.

La más reciente muestra de esta terrible situación en que vive el Estado de Derecho se dio hace unos días, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que, en pocas palabras, les da permiso a los miembros de la fuerza armada a tomar parte en actos de proselitismo político y dejar de lado su constitucional profesionalismo. Asqueroso, vergonzoso e inconstitucional.

¿Por qué digo su constitucional profesionalismo, y por qué me merece tal opinión la referida decisión judicial? Pues porque la norma máxima expresamente indica en su artículo 328 que ‘’(l)a Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política (…)’’, y que ‘’(…)(e)n el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna’’. Y si bien la Constitución (artículo 330) sí que les reconoce a los miembros de los cuerpos militares el ejercicio de un derecho político, es clara la intención del constituyente de restringirles a los militares el ejercicio de los demás derechos de esta naturaleza mientras estén activos, al prohibirles expresamente (mismo artículo) el sufragio pasivo -o sea optar a cargos de elección popular-, y la participación en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

Habiendo aclarado esto, quiero hacerles una breve descripción del contenido de la sentencia, sin entrar en tecnicismos jurídicos para no poner la cosa demasiado aburrida a los no entendidos en la materia. Básicamente, la Sala Constitucional afirma que las consignas ‘’Patria, socialismo o muerte’’,  ‘’Chávez vive’’,  y todas las de ese estilo que los militares venezolanos profieren por orden directa del Ministro de Defensa, así como la realización de actos de proselitismo a favor del partido de gobierno y la pública utilización de símbolos extranjeros (cubanos específicamente), no violan norma alguna. La Sala dice que todas esas actuaciones denunciadas no son más que saludos o consignas militares, normales en cualquier ejército del mundo, siendo símbolos profesionales e institucionales de respeto a la superioridad jerárquica y de sentimiento patriótico que no implican fines de propaganda o de proselitismo político.

Es más, nuestros indignos magistrados también tienen el descaro de llegar a afirmar que es perfectamente constitucional y correcto que los miembros de las fuerzas armadas participen libremente en actos y en cualquier asunto político -a pesar de que la carta magna, como ya dije, claramente limita el ejercicio de sus derechos políticos únicamente al sufragio activo-, incluso calificando tal participación de ‘’baluarte de participación democrática y protagónica’’.

Esta abominación la produjo el máximo tribunal hace ya casi dos semanas, y sin embargo apenas ahora va siendo noticia en los principales medios de comunicación, y una noticia de relativamente poca importancia para ellos, sin ocupar primeras planas. Precisamente yo me estoy refiriendo a ella justo hoy porque me voy enterando, y considero que la gravedad del asunto no se presta para minimizar su impacto, por lo que cumplo con lo que siento es mi deber moral de difundir la terrible novedad mediante esta publicación. Y es que esta decisión de la Sala Constitucional abre caminos a que se normalice y se amplíe aún más la politización de lo militar y la militarización de lo político, y créanme, lo que menos necesitamos es que nuestras ya prostituidas, degradadas y criminales fuerzas armadas se conviertan en una especie de SS a la usanza del III Reich.

A quien le interese, aquí dejo el vínculo a la decisión de la Sala Constitucional tratada en este post: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/165491-651-11614-2014-14-0313.HTML


José Alberto Vargas La Roche.

"El horror, el horror".

Dediqué mi publicación anterior a llamar la atención de las autoridades institucionales y gremiales de la Universidad del Zulia por no tomar las medidas firmes que la situación nacional amerita. Esta publicación será, por su parte, una exhortación al sector productivo privado, al que pertenece el comercio, el empresariado, y una significativa porción de las industrias y los profesionales -las que aún no han sido estatizadas y quienes no se hayan puesto todavía al servicio de algún organismo público, respectivamente-, por lo que de antemano les informo a los propietarios, empleados y profesionales de libre ejercicio que lean estas líneas, que tal vez éstas puedan llegar a incomodarlos o ponerlos a la defensiva -¿con el monitor/pantalla de su computadora o celular?-, así que les pido calma y comprensión. Traten de ponerse en los zapatos, en la mente, de la desesperada población de Venezuela, así como yo les aseguro que he tratado de ponerme en los suyos antes de escribir este artículo.

Entonces, la exhortación a la que me referí inicialmente es consecuencia -así como en el caso del sector universitario- de la aparente indiferencia del sector productivo para con el daño que el régimen ha infligido a los protestantes venezolanos. Y digo aparente porque puede ser, o más bien, estoy casi seguro, que los empresarios y profesionales patrios, en su fuero interno,  no son indiferentes a la situación nacional, en su ámbito personal deben estar muy preocupados e indignados por todo lo que ocurre. No obstante, lo que proyectan fácticamente, en la realidad diaria, es total indolencia, -como dije- aparente indiferencia, ya que aunque el país esté grave, ellos continúan con su cotidiana actividad comercial, industrial o profesional, prosiguen con absoluta normalidad en el constante ciclo de producción, distribución, venta y obtención de ganancias.

Yo soy fiel defensor de la iniciativa privada, de la libertad de empresa, de la libre competencia, de que el Estado no debe participar activamente, como empresario, en la economía, y que su papel en ésta debe ser meramente de reducida vigilancia y regulación, sin pasarse de la raya. Soy partidario del capitalismo como sistema de mayor idoneidad para el progreso y desarrollo económico y social de las naciones, aunque en Venezuela se haya visto terriblemente satanizado en la última década y un lustro de historia política, al punto de que la misma dirigencia opositora trata de esquivarlo y teme aceptar la necesidad que de él tenemos, para tratar de conseguir adeptos en las filas socialistas y de consumidores de dádivas. Apoyo y no veo nada de malo en que el sector privado busque obtener ganancias de las actividades que realiza, es algo totalmente natural.

Pero llega un punto en el que la iniciativa privada cruza el lindero de lo moralmente aceptable para lucrarse, punto que usualmente puede reflejarse en la explotación laboral, la competencia desleal, la evasión fiscal -ojo, reprobable en regímenes democráticos- , y la apatía ante las crisis de los países donde hacen vida económica. Creo sinceramente que nuestro sector privado está cruzando ese límite, por la última razón que enuncié. La terrible pasividad que veo en éste, producto de un egoísmo y mezquindad que van más allá de lo que el individuo es por naturaleza, es vergonzosa, y, si no se revierte, algún día la historia se las reprochará.

Esa pasividad, que se manifiesta en que -como expresé- el comercio, la industria y los profesionales mantengan el desarrollo de sus actividades en el marco de un contexto de anomalía nacional, en que muchos de éstos no hayan fijado una posición clara de repudio a la represión dictatorial que vive la población, y en que no hayan adoptado actitudes acordes con su sentimiento de oposición a la sistemática violación de derechos humanos y -más en el propio ámbito en el que se desenvuelven- a los continuados ataques a la propiedad privada y a la economía nacional, es en parte responsable de que el movimiento de resistencia civil no haya avanzado más, e incluso, de que aún no haya triunfado. La enorme importancia de las empresas en la vida de un país es la que me lleva a realizar tal afirmación. Es más que claro que actitudes fuertes y firmes del sector privado constituirían un golpe durísimo a  la estabilidad, legitimidad y credibilidad del régimen; si un grupo de estudiantes acompañado por parte de la sociedad civil, que por muy numeroso que sea, carece de recursos monetarios y materiales, y cuenta sólo con sus voluntades, ha logrado hacer tambalear a esta violenta dictadura, ¿qué no se lograría con el apoyo activo de las ricas fuerzas empresariales de Venezuela?

Una de las principales razones por las que esas fuerzas no se han unido activamente a la lucha es el inconmensurable miedo que sienten ante las posibles represalias que sufrirían de manos del régimen si lo hicieran. Miedo a que su clientela se vea reducida, cuando una fracción de ésta -la que todavía simpatiza con el gobierno- los vea como actores políticos indeseables; miedo a perder las posibles ganancias del tiempo que dure un hipotético paro económico; miedo a sufrir multas y/o cierre temporal por parte de organismos como INDEPABIS; y por sobre todos los demás, miedo a ser arbitraria y sumariamente expropiados, sin indemnización alguna por ello. Así como el sector profesional tiene, por su parte, miedo a sufrir de medidas legislativas o ejecutivas que obstaculicen o impidan el libre ejercicio de su profesión, como castigo a una participación activa en el movimiento de resistencia.

Ese miedo está totalmente justificado y es compresible, ya que es compartido, en otras formas y manifestaciones, por el resto de la sociedad venezolana. El sector universitario público teme la violación de su autonomía y posibles intervenciones del gobierno, el sector cultural teme el adoctrinamiento e ideologización de la literatura, el cine, el teatro y las artes plásticas, y el sector de la ciudadanía que aún no se ha pronunciado a favor o en contra de las protestas, que se ha mantenido al margen, teme a la represión física y moral de la dictadura o a la pérdida de las dádivas o migajas que recibe del Estado y a las que ya se ha acostumbrado. Jamás perderemos ese miedo, porque es humano sentirlo cuando hay algo que verdaderamente temer, pero es hora de controlarlo, es hora de vencer ese pánico paralizante, que más que miedo es, como dice Kurtz en El Corazón de las Tinieblas y en la grandiosa Apocalipsis Ahora: “el horror, el horror”. Nos toca encontrar dentro del miedo la valentía necesaria para dar un paso adelante y tomar acciones que hagan retroceder y caer al monstruo que nos horroriza.

El país clama por la unión de ese importante sector de la sociedad a las protestas, y reclama su tardanza. Es necesario que los sectores comercial e industrial suspendan sus actividades total o parcialmente por un tiempo suficiente, que ellos, unidos en asociaciones gremiales como FEDECAMARAS, estimen; o que se nieguen a pagar los impuestos que son robados por el gobierno y usados para comprar el material con que reprimen al pueblo, o las multas impuestas por el Estado delincuente, o que si como sanción estatal se les ordena el cierre de puertas, se mantengan abiertos; o que hagan campañas de concienciación entre sus empleados y consumidores que muestren la realidad del país; y también que no se presten a diálogos falsos que más que ayudar a Venezuela, legitiman al gobierno. El punto es que se ejecuten acciones, cualquiera sea su naturaleza y así sean contradictorias entre sí. que ayuden a debilitar al régimen, a desgastar sus cimientos, a colocar al país en un estado de paralización que se haga inmanejable para el tirano y su banda de matones y corruptos. Siempre habrá excepciones a algunas de esas medidas, como la de un hipotético paro, como la de los sectores alimenticio y farmacéutico, o la de los comercios muy pequeños, como abastos familiares que subsisten con las limitadas ganancias que obtienen, pero gran parte del sector comercial e industrial no tendría obstáculos prácticos para emplearlas; muchas medianas empresas y las grandes en su totalidad no quebrarían ni sufrirían daños irreparables por suspender temporalmente sus actividades.

Venezuela requiere que sus empresarios, industriales y profesionales se alcen de una vez por todas, y que dejen de escudarse en las posibles repercusiones de la protesta activa. Sí es cierto que pueden tener pérdidas, ser multados o incluso expropiados, pero tienen que mentalizarse que a fin de cuentas, si por su silenciosa complicidad este gobierno sigue en el poder, tarde o temprano no habrá sector privado, todos habrán sido barridos de la economía nacional, por lo que su participación en la resistencia no sólo les es conveniente, sino que también es un derecho, un deber y una necesidad.


José Alberto Vargas La Roche.

"Después de las nubes, el sol".



A más de un mes de haber iniciado las protestas en Venezuela, no es mucho lo que pueda escribir que ya no se haya dicho, y es mucho menos lo que puedo escribir sobre el porvenir de nuestra Nación. ¿Por qué? Porque pretender hacer un análisis de los posibles desenlaces de esta crisis de proporciones bíblicas, sin tener las herramientas o la información que ello requeriría, sería una terrible irresponsabilidad y, sobre todo, un alarde mayor de falsa sabiduría o falsa jerarquía intelectual. Lamentablemente la situación que vivimos ha sido aprovechada por muchos analistas, eruditos y politólogos improvisados -e incluso por varios falsos profetas-, para precisamente hacer eso: inventarse el futuro de nuestro país y difundirlo por internet, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, dando a los venezolanos falsas esperanzas o bien un pesimismo exagerado.

Yo no soy analista de profesión, con la suficiente formación requerida para soltar afirmaciones de semejante calibre, ni tengo información privilegiada proveniente del seno del gobierno o las Fuerzas Armadas (como muchos imbéciles, usualmente amparados por el anonimato, aseveran en twitter, siendo creídos por otro grupo de personas de igual o hasta mayor imbecilidad), por lo que no pecaré de prepotencia haciendo un análisis de ese tipo. En las próximas entradas de este blog simplemente aportaré ciertas ideas que desde que empezó esta lucha de desgaste tengo, y que creo que su aplicación es necesaria para darle más fuerza a ella, y haré algunas exhortaciones que considero pertinentes.



En primer lugar, quiero dedicarle esta publicación específica al papel de la ilustre Universidad del Zulia, el alma máter de nuestro Estado, en el desarrollo de estas protestas. Es evidente que quienes han llevado la batuta en este mes de resistencia civil han sido los estudiantes universitarios, perteneciendo un elevadísimo porcentaje de éstos a LUZ, y sin embargo, la actitud de la universidad como institución y de sus gremios no ha sido sino deplorable, vergonzosa y triste. Es indignante que la universidad se haya limitado a suspender parcialmente sus actividades cuando las calles se calientan mucho, o cuando las protestas se encuentran muy próximas a la ciudad universitaria, y solamente porque “las condiciones de seguridad e higiene no están dadas” para impartir clases o para que los empleados administrativos y personal obrero laboren. Si la universidad recibiera dinero por cada vez que el pretexto usado es la “falta de condiciones”, probablemente su déficit presupuestario terminaría.

Una institución que ha sufrido en carne propia los duros embates del autoritarismo, al punto de que como absurdo castigo de las dictaduras venezolanas tuvo sus puertas cerradas por casi medio siglo, y que ahora se haga la vista gorda ante las tropelías que comete esta tiranía del siglo XXI no sólo contra sus estudiantes -esencia de la existencia universitaria- sino también contra su autonomía académica, organizativa, administrativa y financiera, es una institución que ha perdido su alma, su espíritu zulianista, y su dignidad. La esencia de la universidad es la educación, pero no una educación adoctrinada y con directrices giradas desde el gobierno central, sino una educación libre, que promueva la democracia, la pluralidad ideológica, el avance científico, que, como la misma Ley de Universidades expresa en su artículo 1, afiance pues,  “los valores trascendentales del hombre”.

El llamado es entonces a las autoridades institucionales de la Universidad del Zulia a que dejen la indiferencia, a que dejen de tratar la situación nacional como un mero y transitorio inconveniente en el normal desenvolvimiento de las actividades universitarias, a que detengan sus constantes llamados al reinicio de éstas, como si nada grave pasara, a que no sigan sucumbiendo a los vicios de la corrupción y de priorizar el dinero antes que el bienestar nacional. Olvídense que la universidad regresará a la normalidad mientras este gobierno siga en pie. Con este gobierno no hay tal normalidad, una educación adulterada no es normal. De nada sirve que emitan comunicados o que declaren su apoyo irrestricto a los estudiantes si por el otro lado pretenden normalizar artificialmente todo, en un claro atentando a los intereses de esos estudiantes que dicen apoyar.

Encuentren su valor y su honor, tengan algo de gallardía, honren la memoria de Ochoa, Lossada y todos los rectores y profesores de antaño que glorifican nuestro nombre, y pronúnciense con sinceridad y de una vez por todas en todo este caos. Únanse a la legítima y constitucional desobediencia civil en que se encuentran sumergidos sus estudiantes, mediante la suspensión indefinida de las actividades académicas de pregrado y postgrado, administrativas y obreras hasta que la crisis política nacional no termine definitivamente, reconociendo al gobierno como lo que es: una dictadura, y exhortando y autorizando a todos los elementos que conforman la comunidad universitaria a manifestarse activamente en las protestas que se desarrollan a nivel nacional.



A su vez, quiero hacer el mismo llamado, de unión con los estudiantes a quienes tienen como misión educar, a los profesores. De nada sirve que se “desincorporen” de las actividades días tras día cuando hay protestas en el perímetro de la universidad. Es momento de que APUZ llame a un paro indefinido hasta que la situación realmente tenga feliz término. Nosotros, sus estudiantes, aceptamos su eterno paro del año 2013, y ustedes, cuando eran estudiantes, tuvieron que aceptar y vivir con los paros que sus profesores convocaban. Les toca a ustedes entonces, aceptar ahora las protestas de sus estudiantes y unirse a ellas, sobre todo teniendo en cuenta que su razón de ser no se restringe a reivindicaciones salariales como las de ustedes -por muy legítimas que éstas sean-, sino que van mucho más allá, buscan lograr un país donde todos podamos vivir en paz y prosperidad.

Es hora de fijar posiciones claras. Es hora de que LUZ asuma la enorme responsabilidad social que tiene. Esta lucha tendrá sus frutos, pero para que lleguen, requerimos su apoyo. La dictadura tarde o temprano fenecerá, como lee la inscripción de nuestro escudo universitario: “Post nubila phoebus”, “Después de las nubes, el sol”.

José Alberto Vargas La Roche.


Estudiante de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia.

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José Alberto Vargas La Roche. Abogado, escritor, miembro de número del Centro Zuliano de Investigaciones Genealógicas. Mapa de la laguna y s...